La Corte Constitucional tuteló los derechos al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social a una mujer que prestaba sus servicios como empleada doméstica y no le pagaron las incapacidades médicamente reconocidas. La sala señaló que los conocidos riesgos de trato discriminatorio y de explotación hacia personas contratadas para cumplir labores domésticas, como aseo, cocina, lavado y planchado de ropa y demás actividades propias de un hogar, habían encontrado tradicional materialización e indiferencia. Sin embargo, la normativa nacional e internacional y la jurisprudencia han evolucionado, con el fin de eliminar tal situación (M. P. Nilson Pinilla).