La Contraloría General de la República llamó la atención del Gobierno, para que conjure la grave situación a la que se están viendo expuestos los afiliados al régimen de prima media para obtener el reconocimiento de su pensión.

Según la entidad, el  servicio que reciben los usuarios del ISS en liquidación y de la nueva administradora Colpensiones es deficiente, lo que ha impedido el reconocimiento oportuno de pensiones, reliquidaciones, sustituciones pensionales, indemnización sustitutiva, conmutaciones y auxilios funerarios.

Además, habría llevado a que las personas que consideran vulnerados sus derechos hagan sus reclamaciones por vía de tutela, congestionando a las instituciones que administran justicia.

“Esta situación necesariamente implica el incremento de sus presupuestos para atender las obligaciones derivadas de las actuaciones adelantadas y de las pensiones reconocidas y pueden conllevar a un detrimento patrimonial para el Estado, aumentando el gasto público para atender los procesos judiciales, las tutelas y acciones de desacato que se les notifiquen, o en su defecto, hacen que deba contratar personal para que preste sus servicios en asesoría jurídica o defensa judicial”, advirtió la contralora, Sandra Morelli.

Según la funcionaria, aunque se  han invertido considerables recursos en el montaje de la nueva administradora Colpensiones, así como en el alistamiento del ISS para la entrega de la información de sus afiliados y pensionados,  dichos gastos no han dado resultados.

“Los problemas en el tema pensional, relacionados con estas dos entidades generan la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos a la vida, la salud y la seguridad social”, agregó Morelli.

Finalmente, señaló que se presentaron deficiencias en la planeación eficaz del proceso de liquidación del ISS  y en la formación, creación, organización y alistamiento de la Colpensiones, lo cual ha afectado la prestación del servicio a los afiliados, beneficiarios y pensionados.

“Mientras el ISS se liquida, Colpensiones se pone en funcionamiento pleno, con riesgo de duplicidad en costos y esfuerzos sin que se llegue a una solución efectiva”, concluyó la Contralora.