Recientemente fue admitida en la Corte una acción pública de inconstitucionalidad contra algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, contenidas en los decretos legislativos 2351 de 1965, 2663 y 3743 de 1950, que establecen dentro de las justas causas que tiene el empleador para terminar el contrato de trabajo “cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos”. A juicio del demandante, la existencia de dichas causales contradice el concepto de trabajo como valor, ya que su consagración imposibilita que un juez pueda valorar estas conductas objetivamente, siendo entonces una discriminación injustificada (demandante: Carlos Francisco García Salas).