Las empresas o entidades que soliciten la prueba de embarazo o certificación medica de ausencia de estado de gravidez como requisito o prerrequisito para cualquier parte del proceso de selección, vinculación, promoción laboral, permanencia o renovación para cualquier cargo o empleo, público o privado, podrían ser multadas hasta con 50 salarios mínimos mensuales. Así lo plantea un proyecto que advierte que la solicitud de este examen sería un acto de discriminación, según dispone el artículo 134 A del Código Penal. La propuesta agrega que si el Ministerio del Trabajo conoce un caso y concluye que se solicitó la prueba, la empresa deberá indemnizar a la víctima. Igualmente, si se presentan tres o más casos comprobados contra una misma empresa, se le suspendería la licencia de funcionamiento. Sólo se podría solicitar este examen para acceder a empleos de actividades catalogadas como de alto riesgo.