La propuesta que reconoce como asunto de salud pública el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas fue conciliada en el Congreso y será enviada a sanción presidencial. Según el articulado, los adictos deberán ser atendidos por las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se incorporarán en los planes de beneficios las intervenciones, procedimientos, medicamentos y actividades necesarios para la atención de estas personas. Para financiar esta nueva obligación, podrán utilizarse recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).