El Consejo de Estado admitió dos demandas de nulidad contra varias disposiciones del Decreto 2025 del 2011, en las que se establecieron prohibiciones y sanciones para que las entidades públicas y privadas no contraten actividades misionales permanentes con cooperativas de trabajo asociado (CTA). Según los demandantes, las normas, además de ampliar la prohibición establecida en las leyes 1233 y 1429 del 2010, restringen la libertad de empresa y difunden un mensaje de pánico económico hacia las empresas que contratan procesos con CTA. La Sección Primera negó la suspensión provisional de las disposiciones demandadas, pues consideró que estas no consagran una modificación sustancial respecto de la prohibición legal (C.P. Marco Antonio Velilla Moreno y María Claudia Rojas Lasso).