El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad interpuesta contra los decretos 3667 del 2004 y 187 del 2005, en los que se ordena efectuar los aportes al Sistema General de Seguridad Social a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA). Según el accionante, el establecimiento de esta obligación para los trabajadores independientes vulnera el principio de universalidad, toda vez que estos trabajadores terminan discriminados cuando se les impide que reporten novedades por retiro frente a la pérdida de capacidad de pago, lo que significa que deberán pagar el mes completo. El alto tribunal afirmó que se requiere un estudio de fondo para determinar si esa obligación vulnera el principio de universalidad, por lo que negó la suspensión provisional de las disposiciones acusadas (C.P. Gerardo Arenas Monsalve).