Una providencia reciente de la Sección Segunda del Consejo de Estado concluye, principalmente, que las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993 y con fundamento en disposiciones territoriales sobre pensiones extralegales continuarían vigentes. Igualmente, el alto tribunal dijo que “quienes antes de su entrada en vigor obtuvieren los requisitos para pensionarse conforme a tales ordenamientos, tendrían derecho a la pensión en las condiciones allí establecidas, en aras de garantizar los derechos adquiridos”. Lea esta precisión jurisprudencial con la resolución del caso concreto objeto de estudio por parte de la Sala (C. P. William Hernández Gómez).