Los 36 casos de muertes maternas que han ocurrido este año en el país obligaron al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud, al Instituto Nacional de Salud y a la Procuraduría General de la Nación a impartir una serie de directrices encaminadas a garantizar la maternidad segura, con enfoque integral para el desarrollo pleno de la salud sexual y reproductiva, en circular dirigida a entidades territoriales, administradoras de planes de beneficios, entidades responsables de regímenes especiales y de excepción e instituciones prestadoras de servicios de salud. La norma ordena establecer como grupo de riesgo priorizado en salud a las mujeres gestantes, brindar prestación preferencial, oportuna, continua y segura al binomio madre-hijo, garantizar la suficiencia del personal médico y paramédico para la atención materna perinatal, garantizar la disponibilidad permanente de sangre y realizar de manera inmediata la autoevaluación de las condiciones de habilitación de los servicios de urgencias, hospitalización de obstetricia, cirugía, cuidado intensivo pediátrico, cuidado intensivo neonatal y consulta externa de ginecoobstetricia, entre otras acciones.