El Gobierno nacional modificó el Decreto 1082/15 para fortalecer la inclusión de personas con discapacidad en los procesos de contratación pública. La norma se fundamenta en mandatos constitucionales y en la Ley 1618/13, con el propósito de garantizar igualdad de oportunidades, eliminar barreras de acceso y promover la participación efectiva de esta población en el sistema de compras públicas.

Medidas afirmativas y sistema de preferencias

El decreto establece un sistema integral de preferencias que incluye herramientas de planeación, criterios habilitantes diferenciales, puntajes adicionales y condiciones especiales de ejecución contractual. En ese sentido, las entidades estatales deberán incorporar medidas que faciliten la participación de emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, así como aplicar criterios de desempate y acciones afirmativas en todas las etapas de los procesos contractuales. (Lea: Decreto garantiza acceso a salud, pensión y riesgos laborales para recicladores)

Incentivos y condiciones para la participación

Entre las principales disposiciones se encuentra la asignación de un puntaje adicional de hasta el 2 % en licitaciones públicas y concursos de méritos para proponentes que acrediten la vinculación laboral de personas con discapacidad o que cumplan condiciones como emprendimientos de esta población. Asimismo, se establecen requisitos diferenciados en experiencia y capacidad financiera, con el fin de facilitar el acceso a los procesos de selección sin afectar el cumplimiento del objeto contractual.

Seguimiento y promoción de inclusión laboral

El decreto también incorpora mecanismos de verificación y seguimiento durante la ejecución contractual para garantizar el mantenimiento de las condiciones que dieron lugar a los incentivos. Además, promueve la inclusión de personas con discapacidad mediante contratos de prestación de servicios y establece el monitoreo por parte de Colombia Compra Eficiente, con el fin de evaluar el impacto de las medidas y fortalecer la participación de esta población en la contratación estatal.

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