Siete meses después de su anuncio, el Gobierno expidió ayer el Decreto 0723, que reglamenta la afiliación, cobertura y el pago de aportes en el Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de contratos de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como civiles, comerciales o administrativos, y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo. Para el efecto, la norma se aplica a las personas vinculadas a través de uno de estos contratos con una duración superior a un mes y a los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por esa cartera como de alto riesgo. Así mismo, indica que la base para calcular las cotizaciones de las personas a las que cobija esta medida no será inferior a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) ni superior a 25 SMLMV y debe corresponder a la misma base de cotización para los sistemas de salud y pensiones. Por último, precisa que los beneficiarios de la norma tendrán máximo tres meses para que realicen los ajustes necesarios a efectos de cumplir lo dispuesto.