Entidades públicas y particulares que manejan recursos públicos deben revisar los contratos suscritos con las CTA (8:05 a.m.)

Tras detectar que entidades públicas y particulares que manejan recursos públicos están utilizando a las cooperativas de trabajo asociado (CTA) para ejecutar contratos de prestación de servicios sin que el personal reciba prestaciones sociales ni se efectúen los demás pagos inherentes a la relación laboral, la Contraloría General de la República (CGR) les acaba de solicitar que revisen tales contratos, con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores y evitar poner en riesgo el patrimonio del Estado. En casos de condenas a CTA por parte de la jurisdicción ordinaria, cuando se determina que detrás del vínculo cooperativo existe una relación laboral, las entidades serían solidariamente responsables, advierte el órgano de control. La directriz también les ordena establecer, en sus procesos contractuales, mecanismos para garantizar el pago de las obligaciones laborales y evitar que la figura del cooperativismo se desnaturalice con la intermediación laboral.