La Corte Constitucional reiteró que el derecho a la salud, además de incluir la facultad de reclamar atención médica, tratamientos y medicinas, incluye también y de manera obligatoria el derecho al diagnóstico. Por tal razón, amparó el derecho a la vida y la salud de una persona de la tercera edad que solicitaba atención para mitigar sus dolores, pese a que su médico tratante había emitido un concepto favorable sobre su estado de salud. La Sala Cuarta de Revisión le ordenó a la EPS a la cual está afiliado el accionante que realice una valoración con un grupo de especialistas para determinar la razón del padecimiento y el tratamiento que se requiere para superarlo (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).