Como la función administrativa está al servicio de los intereses generales, es viable que los derechos individuales de los empleados a los que se les suprime el cargo en virtud de la eliminación de la dependencia de una entidad cedan ante ellos, señaló la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su opinión, la supresión de los cargos no viola la estabilidad laboral del personal docente. Con estos argumentos, negó la nulidad de un acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, que eliminó un instituto adscrito a ella, porque, a su juicio, se basó en la Ley 550 de 1999, estuvo motivado y no fue discrecional (C. P. Gerardo Arenas).