La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1821 del 2016, que modificó la edad máxima de retiro forzoso de las personas que desempeñan funciones públicas, por la presunta vulneración de los artículos 48 y 125 superiores. Según el demandante, esta disposición debía haberse tramitado a través de una ley estatutaria, en tanto regula aspectos referentes a derechos de segunda generación, como lo es, por ejemplo, la seguridad social en materia pensional. Igualmente, resaltó que el legislador desconoció que al momento de tramitarla ya había concluido en todo el país el concurso público de notarios, convocado mediante el Acuerdo 01 del 2015 del Consejo Superior de la Carrera Notarial, el cual, incluso, había arrojado una lista de elegibles con la que se pretendía llenar las vacantes de los notarios que se retiraron a los 65 años.