La Corte Constitucional se inhibió de emitir un pronunciamiento de fondo en la demanda contra la norma que regula el desarrollo de las audiencias de práctica de pruebas en el proceso laboral (Ley 1149 del 2007, arts. 3 y 5). Según el alto tribunal, la demanda no cumplía con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y conducencia. Según el demandante, disponer que la práctica debe hacerse en audiencia pública y que dichas audiencias no pueden suspenderse vulnera el principio de supremacía de la Constitución y los derechos a un debido proceso y a acceder a una segunda instancia (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).