La Corte Constitucional reprochó la forma irregular como los poderes públicos han utilizado la figura del contrato de prestación de servicios para enmascarar relaciones laborales y evadir consistentemente el pago de prestaciones sociales, desconociendo, así, las garantías especiales de la relación laboral que la Constitución consagra, dejando de lado, además, la excepcionalidad de este tipo de contratación. En ese contexto, recordó que solo existe una relación contractual regida por la Ley 80 de 1993 cuando se acuerde la prestación de servicios relacionadas con la administración, cuando no exista subordinación, se acuerden honorarios y la labor no pueda realizarse con personal de planta (M. P. Aquiles Arrieta).