La Corte Constitucional reiteró el exhorto hecho al Gobierno en la Sentencia T-528 del 2014, con el fin de que revise la situación de las personas que padecen de infertilidad y carecen de recursos económicos para costear tales tratamientos, como la fertilización in vitro y, así, fomente la discusión pública y abierta de una política pública que incluya la posibilidad de ampliar la cobertura del POS en ese sentido.

Adicionalmente, el Ejecutivo quedó obligado a promover la investigación pública y privada en la materia, permitir a la población el acceso oportuno a la información relativa a la prevención de la infertilidad, incentivar la formación integral de los profesionales de la salud en el área e impulsar campañas acerca de la problemática, causas y tratamientos. 

El alto tribunal fijó nuevas y diferentes condiciones para estudiar la procedencia de la acción de tutela en los casos concretos, teniendo en cuenta que las consecuencias de la imposibilidad de procrear biológicamente significan más que un proyecto de vida.

Por lo tanto, su análisis no puede reducirse a un simple examen sobre el peligro para la vida o integridad personal, sino que debe atender los derechos sexuales y reproductivos, la libertad, la vida privada y familiar, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad, etc..

(Corte Constitucional, Sentencia T-274, 5/12/2015, M. P. Jorge Iván Palacio)

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