La Sección Segunda del Consejo de Estado respaldó las diversas normas reglamentarias que regularon el ajuste pensional de los congresistas que se pensionaron antes de la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992. En concreto, la corporación declaró la legalidad de las disposiciones que señalan que las pensiones de los parlamentarios antiguos solo se ajustarían en un monto que no supere el 50 % de la mesada de los congresistas actuales y pensionados con posterioridad a la Ley 4ª. Así, el Consejo determinó que los mayores beneficios que tienen los pensionados nuevos no se les pueden asignar a los antiguos, por tratarse de sistemas diferentes y de derechos adquiridos que no se pueden modificar (C. P. Bertha Lucía Ramírez).