La concesión de la comisión de estudios a un empleado afecta la prestación del servicio, porque este no realiza sus funciones materialmente durante el tiempo correspondiente. Así lo reiteró la Sección Segunda del Consejo de Estado al indicar que esa situación requiere que existan unas garantías tendientes a que el trastorno ocasionado por la no prestación del servicio sea compensado, pues, de lo contrario, la administración tiene derecho a la reparación de los perjuicios causados. En el caso concreto, la corporación determinó la viabilidad de que la Universidad Nacional solicite la devolución del dinero invertido en un docente a quien se le otorgó dicha comisión, ya que renunció a su cargo e incumplió la obligación de laborar por el doble de tiempo de aquella. Según el fallo, esa exigencia tenía sustento en los reglamentos internos de la institución y el contrato de la comisión, por tanto, no se violó el debido proceso ni el derecho de defensa del demandante (C. P. Gerardo Arenas).