Procuraduría pide declarar constitucionales sanciones contra conductores que se nieguen a práctica de prueba de alcoholemia (2:22 p.m.)

La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare como ajustada a la Carta Política de 1991 la norma que impone sanciones al conductor que se niegue a la práctica de la prueba de alcoholemia (parágrafo 3º del artículo 5º de la Ley 1696 del 2013). Según el texto demandado, esta acción puede valerle al ciudadano infractor la cancelación de la licencia de conducción, una multa de hasta 1.400 salarios mínimos e inmovilización de su vehículo durante 20 días. Cabe precisar que el Ministerio Público sugiere la declaratoria de inhibición frente a la tasación de la sanción pecuniaria y que la cancelación del documento sea transitoria, mientras la autoridad de tránsito le otorga firmeza a su decisión. Finalmente, solicitó la declaratoria de inhibición frente a los reparos constitucionales al tratamiento integral contra la dependencia del consumo de bebidas embriagantes que ofrece el artículo 8º.