Consulte conceptos de la Procuraduría frente a demandas que analizará Corte Constitucional esta semana (8:15 a.m.)

La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional declarar exequible la multa de entre 5y 10 salarios que se tiene prevista contra el apoderado judicial que interponga un recurso laboral fuera de términos o que no reúna los requisitos y que provoque la declaratoria como desierta de la solicitud (artículo 49 parcial de la Ley 1395 del 2010, modificatorio del artículo 93 del Código Procesal del Trabajo,D-10607, Cpto. 5901). En su criterio, es un medio idóneo de descongestión de la justicia. También sugirió que se declare constitucional la norma que posibilita aplicar a todos los trabajadores de la empresa la convención colectiva, cuando el sindicato supere en número a la tercera parte del total de la nómina; esto incluyendo a los no sindicalizados (artículo 38 del decreto 2351 de 1965, D-10629, Cpto. 5897). A su juicio, la aplicación de la norma no impide a los sindicatos minoritarios negociar con el empleador las condiciones de trabajo. El Ministerio Público también le pidió a la Corte inhibirse de examinar la demanda contra la norma que permite reabrir la indagación penal antes de su extinción, tras la aparición de elementos nuevos (inciso 2º parcial del artículo 79 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), D-10594, Cpto. 5898); a su juicio, el accionante parte de la idea equivocada de que en esta fase ya ha iniciado el proceso penal formal, por lo que no pueden trasladarse a esta instancia todas las garantías del proceso judicial penal. También consulte aquí los conceptos 5896 (D-10588) y 5892(D-10626).