Advierten sobre colapso en Sala Laboral de la Corte Suprema, ante fin del plan de descongestión

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia advirtió sobre una inminente parálisis de esa jurisdicción, si no se renueva el plan nacional de descongestión que, de momento, solo cuenta con financiación hasta el próximo 15 de noviembre.

Según el presidente de la corporación, Rigoberto Echeverri, la mitad de los funcionarios que laboran allí quedarían cesantes, si se concreta la finalización de esta estructura, ya que 61 de los 121 que hacen parte del organismo fueron vinculados en virtud del plan.

“Por causas ajenas a la Rama Judicial, esta dramática situación se traduce en denegación de justicia y vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular de los trabajadores y sus familias, así como de las personas de la tercera edad que reclaman sus garantías constitucionales y legales a la seguridad social”, agregó.

De  hecho, afirmó, el personal con el que cuenta ese órgano jurisdiccional en la actualidad es insuficiente, pues, para desarrollar todas las labores requeridas, se necesita contar con 135 funcionarios.

Con un déficit de casi 16.000 procesos anuales, la Sala tiene 17.650 casos para fallo, que podrían quedar paralizados. Según sus cálculos, dentro de ocho años, el déficit superaría los 40.000 expedientes, ya que de los 3.200 procesos anuales que llegan en promedio, solo 1.715 alcanzan a ser resueltos cada año.

La corporación exhortó al Congreso de la República para que continúe el trámite del proyecto de ley estatutaria que permitiría solucionar la congestión de los procesos laborales pendientes de ser resueltos por el recurso extraordinario de casación, y al Gobierno, para que le dé su aval a la iniciativa.

Por su parte, en carta dirigida a los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y su Sala Administrativa, la Corte Constitucional advirtió que de no renovarse el plan nacional de descongestión sería necesario suspender los términos de demandas y acciones de tutela que están a su cargo.

Así lo advirtió el presidente de esa corporación, Luis Ernesto Vargas, quien precisó que si se confirma la culminación de este esquema el próximo 16 de noviembre, no existiría otra alternativa que decretar el cierre temporal de la Secretaría General y suspender la atención al público, de conformidad con el artículo 48 del Decreto 2067 de 1991.

Según la misiva, de los 177 funcionarios que actualmente trabajan para el alto tribunal, 76 integran cargos de descongestión, lo que significa que la no renovación de plan generaría una disminución del 42 % en las labores, lo que traería otras graves consecuencias, como la disolución de las salas de seguimiento a la Sentencia T-035 del 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional de la atención a desplazados, y a la Sentencia T-760 del 2008, que lo hizo frente al sistema de salud.