Irregularidades en la presentación de informes de la fuerza pública sobre sus operativos pueden ocasionar responsabilidad por perjuicios a terceros (4:44 p.m.)

La autoridad que se exceda en el ejercicio de sus funciones u omita realizar aquellas que le han sido impuestas, y como consecuencia atente contra los derechos de las personas, compromete la responsabilidad estatal y la suya propia, obligándose al resarcimiento de los perjuicios que se causen con su irregular proceder, reiteró el Consejo de Estado. Solo en casos extremos, y por excepción, la fuerza pública está autorizada para hacer uso de las armas, pero debe tomar precauciones para proteger la vida y la integridad de las personas y de los terceros comprometidos, cualquiera que sea el nivel de participación de unos y otros en los hechos. Además, los informes presentados sobre las situaciones cuestionadas deben ser claras para demostrar la prevención de daño por parte de las instituciones encargadas de los operativos. Por tal razón, la Sección Tercera declaró patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General por los perjuicios causados por la muerte de un ciudadano, ocasionada por miembros del CTI con arma de dotación oficial. Según la Sala, las pruebas no permiten establecer con certeza cómo ocurrieron los hechos, pues la valoración conjunta de los documentos aportados y testimonios evidencian serias contradicciones (M. P. Stella Conto Díaz).