Frente a la necesidad de agotar una diligencia de remate, prevalece la protección de bienes públicos (9:44 a.m.)

La Corte Suprema de Justicia advirtió que principios constitucionales, como el debido proceso, hacen necesaria y razonable la intervención preventiva del juez constitucional para adoptar medidas que garanticen que el proceso ejecutivo cumpla cabalmente su objetivo, sin afectar intereses de terceros. Por ello, manifestó el alto tribunal, entre la necesidad de agotar una diligencia de remate y el afán por proteger bienes públicos, debe otorgársele mayor relevancia a este último, pues el interés particular puede ceder y contribuir a una correcta administración de justicia. De esta forma, la Sala Civil concedió los amparos de tutela formulados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Alcaldía del Distrito Cultural, Turístico e Histórico de Santa Marta, frente a la orden de remate de un inmueble sobre el que no estaba clara su situación jurídica (M.P. Edgardo Villamil Portilla).