Estas son las dos posiciones en el Consejo de Estado sobre el decreto que permitió archivar la reforma a la justicia (9:15 a.m.)

Tras el consenso al que llegó la Sala Plena del Consejo de Estado en torno a la ilegalidad del Decreto 1351 del 2012, que permitió hundir la reforma a la justicia en sesiones extraordinarias del Congreso, se conoció que la corporación se debate entre la declaratoria de nulidad simple del acto administrativo y la posibilidad de establecer efectos diferidos para el cumplimiento del fallo. Los partidarios de la primera idea consideran que el Presidente de la República estaría obligado a la promulgación de la norma, lo que inmediatamente obligaría a la Corte Constitucional a examinarla. Quienes se inclinan por la modulación del fallo, por su parte, se basan en la necesidad de ofrecerle un margen de acción al Congreso, para que tramite una nueva reforma, lo que cerraría las puertas a que las modificaciones del proyecto fallido puedan tener vigencia. Es preciso recordar que la máxima instancia constitucional, al debatir el asunto, se declaró inhibida para actuar, precisamente por considerar que la no promulgación de la reforma dejaba sin vigencia jurídica lo allí decidido, luego la Corte no tenía competencia para pronunciarse respecto a una disposición inexistente.