Corte IDH evaluará responsabilidad del Estado caso de exterminio de la Unión Patriótica

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana (Corte IDH) el caso de los integrantes de la Unión Patriótica (UP). Los hechos del caso se relacionan con las sucesivas y graves violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas de dicho partido político a partir de 1984 y por más de 20 años.

 

Dentro del informe de fondo de la CIDH se calificó la situación como un exterminio y se estableció que su gravedad y magnitud es inusitada. (Lea: “Demandar al Estado debe dejar de ser un deporte”)

 

Así, se documentaron desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y tentativas de  homicidio en contra de estas personas y sus familias, perpetrados tanto por agentes estatales como actores independientes con la tolerancia y aquiescencia de aquellos.

 

Por lo anterior, la CIDH determinó que Colombia es responsable en las dimensiones de respeto y garantía de los derechos de los miembros de la UP.

 

Responsabilidad internacional

 

Colombia solo reconoció su responsabilidad internacional por el incumplimiento del deber de garantía (en su componente de protección) por no haber prevenido los asesinatos y demás actos de violencia, pese a la evidencia de la persecución.

 

De otra parte, el organismo constató que ciertas víctimas fueron sometidas a criminalización infundada o uso arbitrario del derecho penal y torturas, por lo que concluyó que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad y a la protección judicial.

 

Además, sostiene el informe que el Estado violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y de expresión, libertad de asociación y el principio de igualdad y no discriminación, en virtud de que el móvil dichos actos fue su pertenencia a un partido político y la expresión de sus ideas a través del mismo.

 

También se dio por probado por parte de la CIDH que las víctimas fueron constantemente estigmatizadas a través de declaraciones de funcionarios y actores no estatales, incluyendo calificativos como terroristas o brazo político de las Farc.

 

Recomendaciones

 

En el informe de fondo también se recomendó al Estado colombiano:

 

i.                     Indemnizar adecuadamente a las víctimas y/o sus familiares.

 

ii.                   Investigar el destino o paradero de los desaparecidos.

 

iii.                 Iniciar, continuar o reabrir investigaciones penales y disciplinarias.

 

iv.                 Medidas de satisfacción individuales y colectivas con la participación de las víctimas.

 

v.                   Implementar mecanismos de no repetición. (Lea: Fiscalía declara crímenes contra integrantes de la UP como delitos de lesa humanidad)

 

vi.                 Crear mecanismo de identificación de familiares de las víctimas ejecutadas y desaparecidas

 

Estas investigaciones deberán efectuarse de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan de manera proporcional a su gravedad.

 

Por último, es bueno precisar que la CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la Corte IDH porque consideró que Colombia no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo. Ahora, será el tribunal internacional el que determine si el Estado es responsable internacionalmente.