La Fiscalía General de la Nación declaró como delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra los casos de homicidio, desaparición forzada, entre otras conductas ilícitas, sufridas por integrantes de la Unión Patriótica (UP) entre los años 1986 y 1996.

La Dirección de Contexto de la entidad examinó 34 casos priorizados, para determinar que el ataque contra la UP fue sistemático y, por lo tanto, los procesos no pueden prescribir.

De acuerdo con el vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, “se trata de ataques cometidos por grupos paramilitares, en algunos casos en asociación con agentes del Estado, ataques generalizados, sistemáticos y reiterados contra la población civil”.

Entre las víctimas de estos hechos, están Óscar Montoya, Misael Zambrano, Luz Marina Arroyave, Julio Cañón López, Rafael García, Baldomero Useche, Félix Antonio Villalba, Carlos Gomina, Norman Sergio Vallejo, Diana Stella Cardona, Pedro Luis Valencia, Elkin de Jesús Martínez, Alberto León Muñoz, Francisco Elado Gaviria, Gloria Isabel Cuartas y José Antequera.

El expediente incluye la masacre del Aracatazo, perpetrada por integrantes de las autodefensas el 12 de agosto de 1995, en Chigorodó (Antioquia), en la que 18 personas fueron asesinadas y una resultó herida. 

Lo anterior, aclaró el vicefiscal, no significa que otros casos de miembros o simpatizantes de la UP no sean considerados como delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.

Cabe recordar que, en mayo pasado, la Fiscalía declaró como crimen de lesa humanidad el homicidio del senador de la UP Manuel Cepeda Vargas, ocurrido en Bogotá, el 9 de agosto de 1994. La misma decisión se tomó en el caso del homicidio del candidato a la Presidencia de la República Bernardo Jaramillo Ossa, ocurrido en esta misma ciudad, el 22 de marzo de 1990.