“Demandar al Estado debe dejar de ser un deporte”

   

    Juan Camilo Rivadeneira

    Redactor ÁMBITO JURÍDICO

 

 

A propósito de una serie de propuestas de los candidatos que aspiraban a llegar a la Presidencia de la República para fortalecer la defensa en los litigios que cursan actualmente contra la Nación, ÁMBITO JURÍDICO conversó con Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).

 

Este funcionario se refirió a varias de esas propuestas, así como a diferentes temas que le interesan a comunidad jurídica, como, por ejemplo, la creación de un estatuto para la defensa del Estado y del manual de escritura para abogados.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuál será el papel de la ANDJE con la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

 

Luis Guillermo Vélez: Desde el punto de vista de la litigiosidad del Estado, especialmente de la internacional, la entrada en vigencia de la JEP es positiva. Colombia tiene cerca de 540 peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De estas, la mayoría tienen que ver directamente con el conflicto armado. Creemos que estos casos deben tener un trámite prioritario en la JEP para establecer parámetros adecuados de verdad, justicia y reparación. Si esto se logra, tendremos la oportunidad de reivindicar a las víctimas y, al mismo tiempo, evitamos largos y costosos pleitos en foros extranjeros.

 

Á. J.: Háganos un balance de los logros que ha tenido como Director de la ANDJE.

 

L. G. V.: Los logros de la ANDJE no son de su director, son de todo un equipo de profesionales del más alto nivel que han realizado una labor extraordinaria en la defensa de los intereses del Estado. Y los logros son excepcionales, por primera vez, el Estado gana más pleitos de los que pierde. En el 2017, la tasa de éxito procesal del Estado ante el contencioso administrativo fue del 51 % y en tribunales de arbitramento del 60 %. El año pasado, el Estado ganaba solamente el 42 % de los arbitramentos en los que participaba. De ahí que cuando la Agencia interviene directamente en el litigio la tasa de éxito se aumenta hasta el 82 %. Todo esto se ha traducido en más de 70 billones de pesos de ahorros para el patrimonio público.

 

Á. J.: Y en materia jurisprudencial, ¿cuáles han sido los casos más importantes que ha ganado y que ha perdido la entidad en este último periodo?

 

L. G. V.: En este último año, hemos sido muy exitosos. Las dos jurisprudencias de la Corte Constitucional sobre madres comunitarias fueron muy importantes. Esto logró cerrar una vena abierta de 17 billones de pesos. En materia de consultas populares, la Agencia le cerró la puerta a la prohibición de la actividad minera vía expedición de acuerdos municipales. También reintroducimos el concepto de concertación entre Nación y entidades territoriales para la definición de los usos del subsuelo. Esta tesis ya fue acogida por buena parte del Consejo de Estado. 

 

Aún más, recientemente, tuvimos dos decisiones importantes, una relacionada con la falla del servicio por hechos del legislador y otra con los incrementos de mesadas pensionales de cónyuges y compañeros permanentes. Vale la pena recordar que, hace unos meses, ganamos la megademanda de captadoras ilegales, con 70.000 demandantes y pretensiones por 21 billones de pesos. Ahora, estamos esperando fallos importantes en materia de privación injusta de la libertad, tal vez la contingencia legal más grande que tiene el Estado, y en materia de consultas previas, que están desbordadas. En cuanto a lo que salió mal, lo cierto es que esperábamos un mejor informe de la CIDH sobre el caso Unión Patriótica. Ahora nos tocará seguir litigando el tema ante la Corte Interamericana.

 

Á. J.: Varios candidatos presidenciales se refirieron a la necesidad de fortalecer la entidad, ¿qué opinión le merece estas observaciones?

 

L. G. V.: Que estamos de acuerdo. La Agencia cuenta con una planta de abogados limitada y un presupuesto austero. En el litigio nacional, la Agencia actúa como un ente de prevención del daño antijurídico y de coordinación en la defensa. Sin embargo, también participa directamente en unos 550 procesos, que son los de mayor impacto por su cuantía o por su trascendencia jurídica.

 

En el litigio internacional, la Agencia representa directamente al Estado. Hay otros modelos, como el de la Abogacía General del Estado de España o la Abogacía General de la Unión de Brasil que asumen directamente la defensa de todos los pleitos del Estado. Lo hacen muy bien, pero tienen miles de funcionarios y cuestan un “infierno” de plata. Por eso, el modelo híbrido de defensa que se estableció por recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo me parece adecuado para Colombia.

 

Á. J.: Ha trascendido que la entidad estaría diseñando un Estatuto de Defensa Jurídica del Estado, ¿en qué consiste este proyecto?

 

L. G. V.: Como ya he venido resaltando, el Estado está ganando más pleitos y cuando los pierde, los pierde por menos. Sin embargo, cada vez hay más pleitos. El nuevo Presidente tendrá que afrontar una creciente litigiosidad. Tenemos 390.000 procesos por valor de 372 billones de pesos. Pero, además, ya estamos debiendo, con sentencias ejecutoriadas, más de 5 billones de pesos en capital y 2 billones de pesos en intereses. Esta inflación litigiosa se debe, en buena medida, a que las reglas están cargadas en contra de los intereses estatales, que son los intereses de todos los colombianos.

 

El Estatuto de Defensa Jurídica del Estado busca corregir estos desbalances normativos y jurisprudenciales, sin afectar los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, queremos más rigor en la determinación de los títulos de imputación de responsabilidad estatal, delimitación en las calidades de víctima y perjudicado y, en cuanto indemnizar, mejores estándares probatorios y control a las presunciones, etc. También establecemos límites para evitar demandas frívolas.

 

Á. J.: ¿Es necesario que existan más requisitos legales y procedimentales a la hora de demandar a la Nación?

 

L. G. V.: El reto de dicho estatuto es equilibrar la protección judicial de los derechos de “algunos” ciudadanos con la adecuada protección de los recursos públicos de “todos” los ciudadanos. En este momento el equilibrio está roto. La forma de restablecerlo no es generar restricciones para que los ciudadanos demanden al Estado cuando tengan razón justificada para hacerlo. Es establecer condiciones para que el litigio sea de mejor calidad. ¿Esto qué significa? Mayor rigor probatorio, la eliminación de algunas presunciones, rigor en los títulos de imputación, límites razonados a las indemnizaciones, no a los pagos dobles o triples, la identificación adecuada de los accionantes. Igualmente, sanciones y costas ejemplarizantes cuando el litigio es frívolo, así como la inclusión del juramento estimatorio, que ha funcionado bien en el procedimiento civil.

 

Á. J.: ¿Es oportuna esta discusión en épocas de cambio de Gobierno y de Congreso?

 

L. G. V.: La defensa jurídica del Estado es, valga decir, una política de Estado. Cualquiera que sea el Gobierno y el Congreso tendrá que afrontar este problema. Le doy un dato: de continuar el desangre de las finanzas públicas por cuenta de las demandas, en los próximos años el pasivo exigible puede superar los 25 billones de pesos. Esto quiebra al Estado y puede llevar al recorte del gasto público social. Cada peso que se paga en demandas es un peso menos para la salud y la educación de los colombianos más pobres.

 

Á. J.: ¿Cómo enfrentar la multitud de demandas contra la Nación en escenarios internacionales que amenazan el territorio y las finanzas estatales?

 

L. G. V.: En litigios internacionales tenemos 10 arbitramentos de inversión con pretensiones cercanas a los 5.000 millones de dólares y unas 540 peticiones ante la CIDH. Para atender este frente, creamos la Dirección de Defensa Jurídica Internacional, que cuenta en este momento con más de 30 abogados in house expertos en Derecho Internacional, tanto de inversiones como de derechos humanos. A pesar de las limitaciones presupuestales, también hemos contratado a las mejores firmas de abogados del mundo en materia de arbitraje de inversión para que nos asesoren en estos temas que, como es de público conocimiento, son muy complicados.

 

Á. J.: La entidad está liderando un estudio para entender cómo están escribiendo los abogados y, de esta forma, cuidar los intereses del Estado, ¿explíquenos sus principales resultados?

 

L. G. V.: Esto es muy importante. Encontramos que existen serias falencias en la comunicación de los abogados del Estado, la cual es escrita, en su mayoría. Esto afecta la calidad de la defensa litigiosa y las posibilidades de éxito. Pero, además, creemos que esto no es solo un problema de los abogados del Estado, sino de la profesión. La reflexión sobre la calidad de la prosa legal en el mundo hispanohablante es muy reciente, pero cada vez tiene más fuerza. La Real Academia de la Lengua Española publicó en el 2018 el Manual de Estilo de la Justicia y, este año, se publicó el Diccionario Panhispánico de Español Jurídico. Estamos trabajando con el profesor Diego López en la elaboración de un manual de escritura para abogados que esperamos sirva para introducir este tema en nuestro país.

 

Á. J.: ¿Se han originado más quejas disciplinarias contra abogados?

 

L. G. V.: Es una paradoja que teniendo uno de los regímenes de responsabilidad de funcionarios más draconianos del mundo, como el que existe con los procedimientos disciplinarios y fiscales, tengamos un régimen de responsabilidad profesional de los abogados tan laxo. Estamos plagados de demandas frívolas y abusivas en contra del Estado, con pretensiones billonarias, que obligan a movilizar enormes recursos públicos para contenerlas. Es increíble que este tipo de acciones se admitan, pero, además, cuando se desestiman, que es en la mayoría de ocasiones, casi nunca hay condenas en costas adecuadas. Demandar al Estado debe dejar de ser un deporte.