¿Es deber del Estado tener actualizada la información del estatus socioeconómico de las personas?

Al revisar una sentencia de tutela, la Corte Constitucional indicó que su jurisprudencia ha fijado el sistema de selección de beneficiarios para programas sociales (Sisbén) como una herramienta muy importante para enfocar el gasto social destinado a satisfacer las necesidades básicas de la población más pobre y vulnerable.

En tal sentido, afirmó que es deber del Estado tener actualizada la información del estatus socioeconómico de las personas, con el fin de permitir que al momento de postularse a una programa o crédito condonable se acceda en condiciones de igualdad sin vulnerar derechos fundamentales. (Lea: Así es la nueva metodología para el Sisbén)

Así, este instrumento permite materializar los derechos sociales, económicos y culturales, y también es de gran utilidad para que las autoridades departamentales y municipales brinden la especial protección que merecen grupos discriminados o marginados, y hagan efectivas las políticas de redistribución del ingreso.

En consecuencia, para acceder a ciertos beneficios que brinda el Estado se requiere el cumplimiento de algunos criterios, como estar inscrito o contar con la encuesta del Sisbén y estar clasificado en alguno de sus niveles.

Caso concreto

En este evento, la Corporación estudió el caso de una joven a quien le fue negado el beneficio del programa ‘Ser pilo paga 4’, ya que no se encontraba registrada en la base de datos del Sisbén. Sin embargo, tres meses después fue calificada en el sistema. (Lea: Las entidades encargadas de reconocer subsidios educativos vulneran el debido proceso en estos eventos)

La Corte protegió el derecho a la educación de la accionante, también ordenó al Icetex considerar si la menor debe ser beneficiaria del programa, sin que pueda reprochar la ausencia de inscripción ni el registro extemporáneo en la base de datos del Sisbén (M. P. Cristina Pardo Schlesinger).

Corte Constitucional, Sentencia T-302, Jul. 27/18.