La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare como ajustado a la Carta Política de 1991 el convenio firmado entre Colombia y EE UU para el intercambio de información tributaria (Ley 1666 del 2013). A juicio del Ministerio Público, el trámite aprobatorio se ciñó a principios superiores y el proyecto contó con el quórum deliberatorio necesario. El organismo de control destaca objetivos como la prevención de la evasión, elusión y fraude por parte de los contribuyentes, así como un mayor recaudo por parte de los Estados firmantes. Entre las obligaciones a cargo de Colombia, se cuenta el ofrecer datos relacionados con el pago de IVA, renta y el gravamen a movimientos financieros, en tanto que EE UU le permitirá a las autoridades nacionales conocer información relacionada con impuestos federales para ese país. La ponencia será elaborada por el magistrado Luis Guillermo Guerrero.