Este es el proyecto de ley de la Procuraduría que promueve el acceso a la justicia local y rural

Un proyecto de ley, de 30 artículos, y de iniciativa de la Procuraduría General de la Nación, tiene por objeto dictar una serie de disposiciones generales que faciliten y amplíen el acceso a la justicia, bajo el principio de colaboración armónica entre entidades del Estado.

Ello para establecer un sistema integrado de justicia con énfasis en lo territorial, local y rural, ampliando la oferta de servicios y de operadores con el concurso de las autoridades administrativas, organizaciones comunitarias y particulares. (Lea: Minjusticia socializa su propuesta de reforma a la justicia)

En el proyecto se prevé la consecución de los siguientes objetivos:

1. Centrar la política del sistema de justicia en el ciudadano, para facilitar el libre ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, donde el Estado es garante de su protección.
   
    
2. Establecer los escenarios de concertación sobre la administración de justicia entre las autoridades judiciales, el gobierno y la sociedad, para propiciar espacios de diálogo a nivel nacional y regional indispensables para definir las políticas de prevención y atención de conflictos, integrando las políticas de seguridad.
   
    
3. Desconcentrar el servicio público de justicia con visión local y rural y participativa, adaptando la institucionalidad a las necesidades particulares del territorio.
   
    
4. Fortalecer a los municipios y departamentos, como mayores receptores de los conflictos sociales, para garantizar el acceso a la justicia oportuno en los sectores urbanos y rurales.
   
    
5. Establecer en los centros poblados de todos los municipios del país los núcleos de justicia con infraestructura física y tecnológica básica que permitirán la prestación de servicios de justicia rural, por parte de las autoridades administrativas municipales, de justicia comunitaria y de justicia propia.

Enfoques

El fortalecimiento y ampliación del acceso a la justicia con énfasis en lo territorial, local y rural se promoverá a partir de los siguientes enfoques:

1. Parte de la especificidad de los conflictos sociales de cada región, y la construcción de soluciones en y desde el territorio. Da especial atención a la ruralidad, donde se han identificado las mayores carencias de equidad y desarrollo, con el fin de cerrar la brecha entre los niveles de eficacia y eficiencia de la justicia urbana y la rural.
   
    
2. Reconoce la necesidad de abrir espacios de diálogo y consenso en los que la sociedad participe en la formulación de la política pública de justicia a nivel nacional, territorial, local y rural para la resolución de conflictos y la promoción de la equidad a través de la veeduría ciudadana y la optimización de mecanismos de autocomposición social y comunitaria.
   
    
3. Promueve estándares de solución de controversias y de satisfacción de necesidades jurídicas en concordancia con los saberes emergentes desde las distintas ciudadanías y la caracterización de los conflictos según las dinámicas sociales, económicas, y culturales de cada comunidad.
   
    
4. Permite comprender la justicia como un todo, en su contexto particular y local, así como las múltiples interacciones entre la sociedad que demanda la garantía de derechos y el conjunto de instituciones establecidas para la resolución de conflictos.
   
    
5. La participación tanto de los operadores del sistema de justicia como de sus destinatarios está determinada por criterios de corrección como la probidad, seriedad, lealtad y compromiso que fortalecerán el sistema excluyendo toda injerencia indebida que afecte el equilibrio y la imparcialidad.

Y es que se busca que el Sistema Local de Justicia (SLJ) sea es un conjunto de instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, normas y procedimientos que articulan el funcionamiento de la administración de justicia en un territorio.

Políticas

Políticas para la construcción de ciudadanía:

1. Formación temprana en derechos. Desde las escuelas y colegios se articularán procesos de formación en materia de derechos, deberes, acciones judiciales y mecanismos de resolución de conflictos (MRC) mediante procesos de enseñanza a la medida de las necesidades de cada comunidad y el tipo de conflictividad propia de su territorio.
   
    
2. Modelo de asistencia y orientación. Se implementará un modelo de asistencia y orientación jurídica sobre los mecanismos institucionales y alternativos para la satisfacción de necesidades jurídicas y la resolución de conflictos.
   
    
3. Fortalecimiento del sistema de defensoría pública. Se implementarán medidas de ampliación y fortalecimiento del servicio de defensoría pública que permitan una mayor cobertura en la representación judicial a nivel local y rural.
   
    
4. Promoción de la participación de la sociedad civil. Las instancias de coordinación de la administración de justicia en el nivel nacional, departamental y municipal deberán contar con representantes de la sociedad civil que contribuyan tanto en los procesos de diseño e implementación de la política pública a ejecutar por los sistemas de justicia local y rural como en la definición de estándares aplicables a la evaluación de resultados a partir de la rendición pública de cuentas.
   
    
5. Fortalecimiento de la justicia propia y el enfoque diferencial. El sistema de justicia local reconoce la autonomía de la justicia propia y con base en ello promoverá la concertación de protocolos de coordinación entre la rama judicial, las autoridades administrativas y la justicia propia para la solución de conflictos en las comunidades étnicas. A partir del enfoque diferencial, el sistema local debe concertar las rutas de atención temprana y efectiva a la población vulnerable, con la integración de servicios sociales, administrativos y judiciales en materia de acceso a la justicia en el territorio.
   
    
6. Promoción, fortalecimiento y sostenibilidad de la justicia comunitaria. Los sistemas locales de justicia promoverán los modelos de justicia comunitaria a través de conciliadores en equidad y jueces de paz que cumplirán sus funciones en coordinación con la rama judicial y las autoridades administrativas.
   
    
7. Vinculación de las universidades. Se invitará a las universidades con presencia regional a los proyectos de justicia local para aportar en la articulación de procesos de formación en derechos con la participación de docentes, investigadores y estudiantes de persas disciplinas que permitan crear la sinergia institucional y social necesaria para la apropiación regional y local del conocimiento para la construcción de la paz territorial.
   
    
8. Creación de veedurías ciudadanas. Todo SLJ debe rendir cuentas y facilitar el control ciudadano, para ello promoverá la creación de veedurías que estimulen la participación en la vigilancia sobre la gestión de los sistemas de justicia local y rural en permanente diálogo entre la sociedad y el Estado.

Políticas de desconcentración judicial:

1. Fortalecimiento de los distritos y circuitos judiciales. Se promoverá la implementación de modelos de gestión integrados en las cabeceras de distrito y de circuito judicial, adaptados a las condiciones de conflictividad en cada distrito judicial que permitan cubrir la oferta institucional en la ruralidad de manera permanente.
   
    
2. Ajuste al mapa judicial. La oferta de servicios judiciales debe adaptarse a las necesidades del territorio, por ello se ajustará el mapa judicial que responda a las particulares condiciones del entorno local y rural.
   
    
3. Fortalecer las direcciones seccionales de la Fiscalía General de la Nación. Se concertará con la Fiscalía General de la Nación una estrategia de desconcentración que permita la operación ágil de las funciones de investigación, análisis y judicialización a través de las Direcciones Seccionales con enfoque integral de operación.
   
    
4. Ampliar la oferta de servicios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se implementará a través de la Fiscalía y el Gobierno Nacional la desconcentración del Instituto con sedes regionales y unidades locales de prestación del servicio en las regiones.
   
    
5. Fortalecimiento tecnológico. Se proveerán medios técnicos y tecnológicos de la judicatura en los distritos judiciales, circuitos y municipios necesarios para la prestación eficiente de los servicios de justicia.

Instancias de justicia

Se crearía la Comisión de Acceso a la Justicia encargada de formular la política pública de justicia con enfoque territorial bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre la Nación y las entidades territoriales. Estará integrada así:

1. El Ministro de Justicia y del Derecho, quien la presidirá.
    
2. El Presidente de la Corte Constitucional.
    
3. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
    
4. El Presidente del Consejo de Estado.
    
5. El Presidente el Consejo Superior de la Judicatura.
    
6. El Fiscal General de la Nación.
    
7. El Procurador General de la Nación.
    
8. El Defensor del Pueblo.
    
9. El Director de Departamento Nacional de Planeación.
    
10. Un representante de los departamentos.
     
11. Un representante de los municipios.
     
12. Un representante de la academia.
     
13. Un representante de las organizaciones sociales.
     
14. Un representante de la justicia ancestral.
     
15. Un representante del sector privado.

Estas serían sus principales funciones:

1. Adoptar políticas, estrategias, proyectos y protocolos de coordinación y articulación armónica a nivel territorial entre la rama judicial, la rama ejecutiva, la justicia ancestral y la justicia comunitaria para garantizar el acceso efectivo a la Administración de Justicia de manera integral y diferencial.
   
    
2. Concertar, dentro de las competencias propias de cada entidad y organismo, los estándares de planes territoriales de acceso justicia por departamentos y distritos judiciales, que den respuesta a las necesidades jurídicas insatisfechas a nivel local, agilicen las actuaciones judiciales y administrativas y fortalezcan la institucionalidad.
   
    
3. Diseñar y adoptar modelos de gestión y organización desconcentrada de la justicia que faciliten el acceso a la justicia a las comunidades urbanas y rurales, de conformidad con las condiciones socioeconómicas, geográficas, y de conflictividad de cada región.
   
    
4. Apoyar y gestionar la consecución de recursos presupuestales públicos, de cooperación internacional y del sector privado para fortalecer el desarrollo de los sistemas locales y rurales de justicia.
   
    
5. Establecer los lineamientos para la política de gestión de la información del Sistema de Justicia Local y Rural que se consolidará a través de la integración de un sistema único de información. Este sistema será el repositorio de los datos y registros de operación de los distintos sistemas locales de justicia con interoperabilidad de bases de datos y plataformas con el uso de tecnologías emergentes y seguridad digital.

Finalmente, agrega la iniciativa, se va a disponer una comisión departamental y local de justicia como instancia de coordinación, articulación y complementación de la justicia local y rural.