No vender el bosque

Cristina Castro cristinacastrop@gmail.com

Ni la supresión de 500.000 empleos, ni la reforma pensional, ni el aumento de las matrículas en las universidades provocaron una “rebelión” semejante al anuncio del Gobierno británico de privatizar los bosques. Así resumió el periódico Le Monde la reacción que tuvo la propuesta del gobierno de David Cameron de vender 40.000 hectáreas de estas áreas protegidas, para responder a la crisis financiera.

Con esta iniciativa, el Gobierno esperaba recoger 250 millones de libras esterlinas, en los próximos 10 años. La idea era reformar las normas ambientales, para que cientos de empresarios pudieran desarrollar actividades comerciales en esos predios, que hoy solo pueden ser usados para la conservación. La norma también incluía un derecho de preferencia en la compra para las comunidades aledañas. 

Fue tal la reacción contra la medida, que el Gobierno tuvo que dar marcha atrás casi de inmediato. La oposición fue abrumadora. En las primeras encuestas se registró el rechazo de más del 80% de los británicos y casi 500.000 personas se sumaron a la petición que circulaba por todo el país. Hace poco en Francia se vivió una situación similar, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación contra el ministro de Hacienda, Eric Woerth, por haber vendido 60 hectáreas de bosque en el territorio galo.

Una decisión de ese talante iba a caer mal en medio del espíritu verde que se vive en Europa. Con una normativa pionera en áreas protegidas que data de 1919 y una política exterior que ha tenido como prioridad el medio ambiente y el cambio climático, era de esperarse que los ingleses no vieran esto con buenos ojos. La carta que enviaron las personalidades del país al Primer Ministro era clara: “vender los bosques es una equivocación y una medida política miope”.

La ONU acaba de señalar que el valor económico de los servicios ambientales que prestan los bosques asciende anualmente a 130.000 millones de dólares (más que las reservas de oro de Francia y Suiza juntas). Si se suma su aporte en la generación de agua, más cuando la crisis de los alimentos tiene en jaque al mundo, ese valor se vuelve incalculable. Este debate muestra que la normativa ambiental está comenzando a tomar en cuenta estas consideraciones y va a empezar a primar sobre las decisiones de política macroeconómica. Pero le falta aún mucho para aterrizar en Colombia.