El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó un proyecto de decreto que adicionaría el Capítulo 10 al Decreto 1076/15, con el fin de establecer un trámite ambiental racionalizado para proyectos de energía solar. Esta nueva figura, denominada LASolar, estaría diseñada para facilitar la transición energética justa y promover el uso de fuentes no convencionales de energía renovable en Colombia. Aplicaría a proyectos solares con capacidad entre 10 y 100 megavatios y que cumplan con criterios específicos de ubicación, impacto y distancia entre proyectos.

La propuesta contempla lineamientos claros para la solicitud, evaluación y otorgamiento de la licencia ambiental, con tiempos reducidos de trámite y condiciones técnicas precisas. Se destacan requisitos como la ubicación fuera de áreas sensibles, el respeto a las rondas hídricas y zonas de reserva forestal así como la inclusión de planes sociales y ambientales que fomenten la gobernanza local y el desarrollo territorial. La ANLA sería la encargada de verificar el cumplimiento de los criterios y de emitir los términos de referencia específicos para cada proyecto. (Lea: Gobierno reanuda exportaciones de electricidad con hidroeléctricas, tras superar intensa sequía)

Con esta medida se busca alinear los compromisos climáticos internacionales del país, incluyendo los adquiridos en la COP28 y el Acuerdo de París, con la normativa ambiental nacional. Además, se apunta a reducir los tiempos de evaluación sin sacrificar la rigurosidad técnica, al emplear información geográfica preexistente, evitar caracterizaciones innecesarias y concentrar los esfuerzos en la mitigación efectiva de los impactos ambientales, en especial aquellos relacionados con el cambio climático.

La iniciativa también prevé que los proyectos con LASolar puedan desarrollar comunidades energéticas y esquemas de compensación biótica como parte del plan ambiental, sin requerir sustracción de áreas forestales en ciertos casos. Así, se promueve la diversificación energética y se garantizaría un marco legal que acompaña los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, especialmente en lo relacionado con la acción climática, la resiliencia territorial y el desarrollo bajo en carbono.

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