Leydi Nieto Martínez

Doctoranda en Derecho

En la anterior entrega de esta columna identificamos la presencia de múltiples proyectos de ley que pretenden una regulación integral o de algunas de las aplicaciones de la IA en Colombia, iniciativas que se encuentran en los primeros estadios del trámite legislativo, con baja probabilidad de avanzar a la siguiente legislatura o de ser aprobadas, con excepción de la que establece un agravante a la conducta punible de falsedad personal, cuando quiera que se produzca con IA.

Resulta importante contrastar esta realidad regulatoria con la fáctica. Según la información contenida en el Sistema de Algoritmos Públicos de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes (2025)[1], hay cerca de 300 sistemas automatizados de toma de decisiones que incorporan IA y que están siendo usados por entidades públicas de todas las ramas del Poder Público y entes de control, tanto del nivel nacional como territorial. Como se ha advertido, Colombia carece de una regulación especial para la IA, sin embargo, cuenta con normas de todos los niveles que impulsan y, permiten, por tanto, el uso de estas tecnologías en el sector público[2].

Para el sector justicia, se destacan los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el uso de herramientas de IA. En efecto, a través de la Sentencia T-323/24, esta Corte entregó unos criterios orientadores para el uso de IA en los despachos judiciales. En desarrollo de las órdenes impartidas en la mencionada sentencia, el Consejo Superior de la Judicatura expidió una guía para el empleo de este tipo de herramientas (Acuerdo PCSJA24-12243). En los dos eventos, se dejó claro el papel central e insustituible de la racionalidad de los jueces en la toma de decisiones judiciales, y en el carácter instrumental de las herramientas de IA, especialmente para el desarrollo de actividades administrativas. 

Por el lado del sector privado, el panorama parece ser similar. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Percepciones y Uso de Internet, adelantada por el Centro Nacional de Consultoría (2024)[3], hay una creciente implementación de la IA en el desarrollo de las actividades empresariales, tendencia que se prevé vaya en ascenso en el corto plazo.

Los beneficios de la adopción de IA son cada vez más latentes y la confianza en estas herramientas, según la información citada, parece ir en aumento. Su impacto positivo en las ciencias ya ha sido reconocido con el trabajo de dos premios nobel[4]. A la par, cada vez somos más conscientes de los riesgos que también conlleva su uso, en particular los asociados al impacto en los derechos fundamentales, como la privacidad y los potenciales efectos negativos para la democracia, el Estado de derecho y el medioambiente[5].

La usencia de un marco regulatorio especial contrasta con la existencia de un nutrido cuerpo de reglas no obligatorias (soft law) tanto nacionales como internacionales. Hay un número destacado de documentos de esta naturaleza, cuyas disposiciones promueven la adopción ética y sostenible de la IA. A la cabeza se encuentran los principios éticos formulados por la OCDE y las Recomendaciones sobre la IA de la Unesco, ambos adoptados por el gobierno colombiano. Todos estos instrumentos posibilitan e inspiran procesos de autorregulación que pueden concretarse en el desarrollo e implementación de códigos de conducta y políticas, el establecimiento de pruebas de impacto en los derechos fundamentales, la creación de sistemas de gestión de riesgos y de estrategias de mitigación.

Otro aspecto relevante en el proceso de la implementación de la IA es el conocimiento, como lo resalta Harari[6]. En este camino los procesos de formación son indispensables para todas las personas y las diferentes partes de la cadena de producción y valor de un sistema de IA. Este conocimiento debería incluir los riesgos, los impactos, los derechos y deberes, los marcos regulatorios, los principios éticos, entre otros aspectos. Se trata de una tarea para todas las personas y actores involucrados en la puesta en funcionamiento de un sistema de IA y desde el diseño. Desarrollar, comercializar e implementar el mejor sistema de IA desde el punto de vista funcional debería ser tan relevante, como las consideraciones éticas y de sostenibilidad que comporte.

De acuerdo con los resultados del ILIA 2024[7], Colombia puntuó bien en programas de pregrado en STEM y en penetración de las habilidades para la IA, aunque se evidenció la ausencia de programas en el nivel avanzado: maestrías y doctorados. Las brechas identificadas han comenzado a cerrarse considerando que el número de cursos y diplomados demandados y ofertados por las universidades públicas y privadas en materia de IA ha crecido exponencialmente. Adicionalmente, se han abierto maestrías y especializaciones y el primer doctorado en IA.

De otro lado, la infraestructura de datos, necesaria para la implementación de la IA, requiere de la adopción de regulaciones, políticas y medidas específicas que permitan su explotación y uso conforme a la ley y siguiendo principios éticos. En este sentido, se puede destacar la Política Nacional de Explotación de Datos (Conpes 3920 de 2018), las directrices de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el uso de datos personales en sistemas de IA (Circular Externa 2 de 2024) y el proyecto de ley sobre la infraestructura de datos del Estado (P. L. 447/2024C - 248/2024S), que va en cuarto debate.

La expansión de la IA en los diferentes ámbitos de nuestras vidas y su creciente uso en los sectores público y privado es una realidad. Las promesas de esta tecnología para el bienestar de la humanidad, que ya ha arrojado resultados positivos al más alto nivel en las ciencias, deben seguir concretándose, a través de la promoción y el incentivo de la creación de programas de formación, en todos los niveles, que faciliten el desarrollo de habilidades digitales y de capacidades investigativas; la consolidación de una infraestructura apropiada de datos, y la disponibilidad y accesibilidad a capacidades computacionales. Este es el camino ideal para no quedarse atrás y aprovechar las ventajas de la IA para el crecimiento, el desarrollo y el bien común en Colombia.

La forma en que se ha presentado la adopción de la IA en nuestro país sin regulación especial, y tal vez gracias a ese vacío, ha dejado solos a los diferentes operadores de sistemas de IA en la compleja tarea de gestionar los riesgos que la adopción de esta tecnología implica. Los impactos negativos concretados y potenciales, los riesgos ya identificados del uso de sistemas de IA tienen tal capacidad de expansión y son tan poderosos como sus beneficios.  Ante este panorama, las alternativas que quedan son el cumplimiento de normas generales aplicables a cada caso de uso, y la adopción de instrumentos de autorregulación.

Cuadro 1: Elaboración propia con información tomada de las fuentes oficiales. Fecha de última consulta (8 de mayo de 2025).

Nota aclaratoria: Las opiniones contenidas en este documento no comprometen mi pertenencia institucional. Se trata de opiniones y posturas exclusivamente de mi autoría.

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.