Leydi Nieto Martínez

Doctoranda en Derecho

A paso lento avanzan los proyectos de ley para regular la inteligencia artificial (IA) en Colombia. La mayoría de estas iniciativas se encuentra en los primeros estadios del trámite legislativo, al tiempo que se desarrolla el trabajo de la Comisión Accidental del Congreso de la República para la Inteligencia Artificial. Por su parte, la adopción de la IA en los sectores público y privado va en aumento. Ante este panorama, urge al Congreso de la República la expedición de una regulación especial de la IA que permita el aprovechamiento de sus beneficios y la gestión de sus riesgos. Mientras esto ocurre, las regulaciones foráneas y la autorregulación basada en instrumentos no vinculantes, son los caminos que quedan para el desarrollo, comercialización y uso de la IA en Colombia de manera ética y sostenible.

La regulación de los usos de una tecnología emergente que evoluciona a un ritmo que apenas expertos pueden seguir es un gran reto para el legislador. Las propuestas para hacerlo se mueven entre dos paradigmas, el europeo y el estadounidense, entre la sobrerregulación y desregulación. Pocos países en el mundo han avanzado en la expedición de normas sobre la materia, aunque hay varios proyectos en curso[1]. El ejemplo más destacado es el de la Unión Europea que tomó más de cuatro años, en parte por la complejidad del procedimiento para su aprobación, y que al final se vio acelerado por el auge de la IA generativa, sin embargo, su exigibilidad será de forma progresiva.

Para el caso colombiano, 10 proyectos de ley se encuentran en trámite en el Congreso de la República, nueve son de iniciativa congresional y uno del Gobierno Nacional. Algunos de ellos pretenden regular usos concretos de la IA y otro tanto su regulación integral. Una mirada general advierte que la mayoría de estos proyectos se encuentra apenas en los primeros debates y solamente uno ha avanzado al cuarto, el que establece un agravante para la conducta punible de falsedad personal cuando se ejecute a través de estas tecnologías y otras disposiciones sobre política pública para contrarrestar estos usos de la IA.

Ante esta multiplicidad de proyectos, es importante mencionar el reciente y primer proyecto de ley sobre IA presentado por el Gobierno Nacional, con una pretensión de regulación general del uso de esta tecnología y que, siguiendo el modelo europeo, se basa en niveles de riesgo. En todo caso, es importante señalar que, dado que resta un poco más de dos meses para la finalización de esta legislatura, la mayoría de estos proyectos tiene una alta probabilidad de ser archivados.

Por su parte, la Comisión Accidental del Congreso de la República para la Inteligencia Artificial[2] ha adelantado varias audiencias públicas en Bogotá y en las regiones para escuchar a partes interesadas, y deberá hacer el acompañamiento, estudio, análisis y búsqueda de consensos de las iniciativas legislativas sobre IA. Esta vía se avizora apropiada y necesaria para acumular y robustecer las propuestas actuales, aunque puede tomar un tiempo mayor al esperado y deseado para la concreción de una regulación en Colombia.

El hecho de que Colombia carezca de una regulación específica de la IA, de normas jurídicamente vinculantes para los diferentes operadores de sistemas de IA (productores, comercializadores y usuarios), tanto del sector público como del privado, no puede traducirse en una ausencia total de regulación. Como cualquier otro producto y servicio, los sistemas de IA están sujetos al ordenamiento jurídico vigente, al cumplimiento del conjunto de normas constitucionales, legales y reglamentarias que les sea aplicable. Un ejemplo de ello lo constituyen las disposiciones sobre el uso y tratamiento de datos personales, derechos del consumidor, propiedad intelectual, el régimen de responsabilidad civil y otras regulaciones sectoriales, como las establecidas para el sector financiero.

Adicionalmente, las regulaciones jurídicas vinculantes expedidas por otros países en materia de IA, como el reglamento de la Unión Europea, con claros efectos transfronterizos, regularán el desarrollo, la comercialización y la implementación de sistemas de IA dentro de la Unión, sin importar su establecimiento o ubicación. Por tanto, si se pretende acceder o permanecer en dicho mercado, todas sus regulaciones sobre IA y asociadas deberán ser cumplidas.

Las particularidades de estas tecnologías emergentes, las potencialidades que deberían ser promovidas para el bien común, así como los riesgos previstos y previsibles, sobrepasan la normativa vigente, hecho que ha llevado a las discusiones sobre la necesidad de una regulación específica para la IA, cuya balanza se está inclinando a su favor, superando el falso dilema entre la innovación y la protección. Como el dios Jano en la mitología romana, estas son dos caras de una misma realidad, un instrumento que puede usarse para el “bien” y el “mal”, pero cuya velocidad de “evolución” a agentes con diferentes niveles de autonomía y su expansión a todos los ámbitos de la vida de las personas e instituciones públicas y privadas no tiene precedentes.

Entre los mecanismos regulatorios que han emergido en los últimos años y que pueden ser muy útiles para establecer reglas concretas frente a casos de uso específicos de la IA, está el sandbox[3], a través del cual se posibilita el desarrollo de productos innovadores que usan tecnologías novedosas en un ambiente de experimentación controlada, con lo cual también se pretende obtener insumos claves para la creación o ajuste de regulaciones. Colombia ha sido un país destacado en la generación de un marco jurídico para la implementación de este instrumento regulatorio[4]. La Superintendencia Financiera ha hecho uso de este mecanismo notoriamente, a través del lanzamiento de convocatorias para el desarrollo de servicios en un sector altamente regulado.

De los 10 proyectos de ley en curso, es probable que solamente uno termine su trámite en esta legislatura, sin embargo, versa sobre aspectos particulares, por lo que una regulación integral continuará siendo una tarea pendiente. Así las cosas, se reitera el llamado al legislador para avanzar en la expedición de una ley especial de la IA, involucrando a las múltiples partes interesadas, para la definición de reglas claras que incentiven la inversión, la innovación y potencien el crecimiento y desarrollo económico en el país, mediante una adopción ética y sostenible de la IA para el bienestar común, considerando los riesgos que genera su uso.

A continuación, un breve resumen de las normativas señaladas:

Cuadro 1: Estados de los proyectos de ley sobre IA. Elaboración propia con información tomada de las páginas web del Senado de la República y la Cámara de Representantes. Fecha de última consulta (8 de mayo de 2025).

Ante la ausencia de una regulación específica para la IA, surge la pregunta por las alternativas que tienen todas las partes implicadas en el desarrollo y puesta en funcionamiento de un sistema de IA. En una próxima entrega se continuará el análisis de las implicaciones y alternativas frente a este estado de cosas.

Nota aclaratoria: Las opiniones contenidas en este documento no comprometen mi pertenencia institucional. Se trata de opiniones y posturas exclusivamente de mi autoría.

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