La Fiscalía General de la Nación inició en el año 2003, con base en un informe policial y en declaraciones de algunos exintegrantes de las Farc, una investigación penal en contra de varias personas por el delito de rebelión en el departamento de Sucre, les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva y profirió resolución de acusación en su contra. Sin embargo, los procesados fueron absueltos por un juez penal y la decisión fue confirmada por un tribunal. 

El Consejo de Estado confirmó la responsabilidad del ente acusador y de la Rama Judicial por los perjuicios ocasionados por privación injusta de la libertad de los procesados únicamente en la proporción equivalente al tiempo de su detención y, en ese sentido, ordenó reparar económicamente a 10 personas que fueron injustamente acusadas de rebelión, luego de ser falsamente señaladas de pertenecer a varios frentes de las Farc en Sucre.

La Sala no advirtió el hecho exclusivo de las víctimas como causal eximente de responsabilidad posible en materia de privaciones injustas de la libertad. Los demandantes no desplegaron ninguna actuación dentro del proceso penal de la cual se pudiese predicar su incidencia en la generación del daño y, por el contrario, sus intervenciones se dirigieron a presentar los argumentos y justificaciones para demostrar su inocencia en los comportamientos que eran materia de investigación.

Elementos de juicio

Si se tiene en cuenta el carácter personal de la responsabilidad penal, se tiene que, a efectos de imponer una medida restrictiva del derecho a la libertad, la Fiscalía debía exponer, de manera particular y concreta, los elementos de juicio que apuntan a demostrar la participación de cada uno de los implicados en los hechos materia de indagación, carga que no se cumplió, ni se expusieron las razones por las que la medida resultaba necesaria.

Así las cosas, considerando que la Fiscalía se basó en un informe de policía judicial que no pudo ser justificado y en declaraciones inconsistentes de los desmovilizados, el alto tribunal estableció que esa autoridad era en parte responsable del daño y, en ese sentido, además de la reparación económica que le corresponde a esta y a la Rama Judicial, deberán emitir un comunicado en el que ofrezcan excusas a las víctimas (M. P. Alberto Montaña Plata).

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