En firme quedó el fallo de responsabilidad fiscal que la Contraloría le impuso a Jaime Chávez Suárez, quien en su condición de integrante del consejo de administración de Saludcoop intervino en las actuaciones que condujeron al desvío y uso indebido de recursos parafiscales por parte de la entidad intervenida de salud.

Según el demandante, se vulneraron sus derechos al debido proceso y defensa, entre otras razones, por las diferencias en el período investigado contenidas en el auto de apertura del 2011, el auto de imputación del 2012 y el fallo de responsabilidad fiscal del 2013. Así mismo, señaló que la Contraloría General de la República no probó su conducta dolosa.

El Consejo de Estado ratificó el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho cuyo objeto era dejar sin efectos la decisión que lo declaró fiscalmente responsable de manera solidaria a resarcir el detrimento patrimonial de más de un billón de pesos que sufrió el sistema de seguridad social en salud.

Durante la investigación, el ente de control determinó que recursos parafiscales de destinación específica de los periodos fiscales comprendidos entre 2002 y 2013 fueron empleados para compras e inversiones no autorizadas por la ley. En ese sentido, se probó la participación que tuvo el consejo de administración en las actuaciones que condujeron a los gastos e inversiones no cobijadas por la ley.

Lo anterior al comprobar que se facultó al representante legal de la entidad a realizar determinados gastos y operaciones financieras y participar en la revisión de estados financieros, así como de informes de revisoría fiscal que se produjeron durante estos periodos (C. P. Oswaldo Giraldo López).

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