El Consejo de Estado dejó en firme el nombramiento de Armando Benedetti Villaneda como ministro del Interior, teniendo en cuenta que los planteamientos de una demanda que buscaba la nulidad de su nombramiento no constituían causales de nulidad electoral, sino que se referían a conductas cuya valoración y decisión son competencia de la autoridad disciplinaria.

Y es que los argumentos de la demanda apuntaron a demostrar que el demandado no era apto física ni mentalmente para ocupar el cargo de ministro, lo cual se basó concretamente en supuestos comportamientos sobre adicciones al alcohol y a sustancias alucinógenas, censura que correspondería ser analizada conforme a las normas propias del derecho disciplinario.

Tal y como lo señaló el fallo apelado, las supuestas conductas desplegadas por Benedetti, en los términos en que fueron señaladas, no se enmarcan en alguna causal de nulidad electoral, sino en comportamientos que, a la luz del derecho disciplinario, pueden ser objeto de investigación y sanción, pero de manera independiente y autónoma de la de administrar justicia.

La Sala recordó que a través del medio de control de nulidad electoral se estudia la legalidad frente a la configuración de alguna de las causales específicas del artículo 275 del CPACA o de las genéricas para los actos administrativos previstas en el artículo 137, para constatar que el acceso al cargo se ajuste a los parámetros constitucionales y legales.

Ahora bien, desde una perspectiva de género, el alto tribunal ofició a la Procuraduría General de la Nación para que realice las averiguaciones del caso, debido a que el demandante afirmó que el funcionario cuestionado ha hecho señalamientos ofensivos en contra de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia (M. P. Omar Joaquín Barreto Suárez).

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