Un informe de la Procuraduría General de la Nación sobre el trámite de licencias y permisos ambientales en las 34 corporaciones autónomas regionales (CAR) reveló presuntas irregularidades y demoras de hasta 800 días para resolver trámites, además de tiempos de radicación entre 390 y 696 días.

Para el Ministerio Público, estas demoras representan un presunto riesgo de corrupción, por lo que se evalúa la presentación de un informe con fines disciplinarios contra los responsables.

Se propuso crear una ventanilla única, unificar criterios y tiempos mediante regulación y establecer una mesa de trabajo con los directores de las CAR para mejorar la gestión, eficiencia y transparencia.

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