Hernando Herrera Mercado
Presidente Ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia

En ejercicio de su misión institucional, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) se dirige respetuosamente a esta honorable Corte Suprema de Justicia, con el fin de presentar una solicitud en el marco del proceso de conformación de la terna para la elección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de la doctora Diana Fajardo Rivera. Tal solicitud, se fundamenta en dos aspectos claves que consideramos esenciales en este importante proceso:

Probada independencia de los candidatos: la independencia de los candidatos debe ser el criterio primordial en este proceso. La Corte Suprema de Justicia ha desempeñado históricamente un papel crucial como garante del orden constitucional, actuando con autonomía frente a los demás poderes del Estado. Este compromiso con la independencia ha sido esencial para consolidar a la Corte como un baluarte de la democracia y el Estado de derecho, enfrentando valientemente desafíos profundos de corrupción política, vínculos ilegales con el crimen organizado y grupos armados ilegales, que han socavado la confianza pública en las instituciones. En este proceso de conformación de la terna, la responsabilidad de la Corte Suprema es de gran trascendencia.

Los magistrados de la Corte Constitucional deben ser personas cuyo juicio no esté comprometido ni influenciado por intereses externos, para garantizar que sus decisiones no se vean sometidas a presiones políticas o ideológicas. La independencia judicial es un pilar fundamental para asegurar que las decisiones de la Corte Constitucional estén alineadas con los principios constitucionales, sin subordinación a intereses particulares o coyunturales.

Por lo tanto, la selección del próximo magistrado de la Corte Constitucional debe basarse en criterios estrictos de imparcialidad y competencia. Los candidatos deben contar con una trayectoria profesional que respalde su capacidad para actuar con independencia frente a los otros poderes del Estado. La confianza pública en la Corte Constitucional indudablemente depende de la percepción de que los magistrados son elegidos sin influencias externas, ya sea del Gobierno o de cualquier otro grupo de poder. Si no se garantiza este principio de independencia, existe el riesgo de que la Corte Constitucional se convierta en una institución subordinada a los intereses del poder político de turno, lo cual sería incompatible con los principios de una democracia representativa y participativa. Igualmente, dado el impacto directo que las decisiones de la Corte Constitucional, esta independencia resulta fundamental para el buen funcionamiento del Estado de derecho.

Mayor integración femenina: la consolidación de la equidad de género en las altas cortes es un paso esencial para garantizar la justicia en términos de diversidad y representatividad, de acuerdo con los mandatos constitucionales y las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos organismos han subrayado la necesidad de incrementar la participación de las mujeres en la toma de decisiones judiciales, reflejando así más fielmente la pluralidad de nuestra sociedad. En este sentido, no se trata solo de un gesto simbólico, sino de un paso decisivo hacia una justicia más inclusiva y representativa. La solicitud de una terna con mayor integración por parte de mujeres busca fortalecer el compromiso con la igualdad sustantiva, que implica una verdadera participación de las mujeres en los procesos de interpretación constitucional y en la toma de decisiones sobre derechos fundamentales. Es importante aclarar que esta propuesta no busca descalificar a los hombres que participen en el proceso, ni desconocer su idoneidad y méritos. Reconocemos y valoramos su capacidad y trayectoria.

Sin embargo, esta solicitud busca corregir una histórica subrepresentación femenina en los espacios de poder, lo cual ha limitado su capacidad de influir de manera equitativa en las decisiones judiciales. Esta es, por tanto, una oportunidad para avanzar en la construcción de una justicia más justa y equilibrada, en la que las mujeres puedan tener un papel activo y decisivo, especialmente en la defensa de los derechos humanos y la interpretación de la Constitución. La mayor presencia de mujeres en la justicia no solo responde a un imperativo de igualdad, sino que también fortalece las instituciones judiciales. Además, la diversidad de género en los órganos de decisión judicial puede mejorar significativamente la legitimidad y credibilidad de las instituciones, y ofrecer una visión más amplia y comprensiva de las realidades de la sociedad colombiana.

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