La Corte Constitucional dio a conocer el texto del fallo que declaró exequible el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, en el que se excluyen los delitos de terrorismo y financiación de terrorismo de cualquier beneficio o subrogado penal. La corte recordó su línea jurisprudencial en cuanto a la constitucionalidad de la concesión de beneficios penales y consideró que, en estas materias, el legislador tiene un amplio margen de configuración normativa orientado por el análisis de la gravedad del delito y la naturaleza propia del diseño de las políticas criminales. De igual forma, aclaró que como la Ley 1121 se encamina a prevenir la financiación de actividades terroristas, la disposición acusada no desconoce la unidad de materia, toda vez que pretende disuadir a todos aquellos que deseen perpetrar esos crímenes. Por último, resaltó que esta exclusión de beneficios no vulnera el principio de igualdad (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).