Fue sancionada una ley que establece medidas para aliviar las deudas financieras de pequeños y medianos productores agropecuarios. Esta iniciativa está dirigida a quienes tienen obligaciones pendientes con el Programa de Reactivación Agropecuaria (PRAN) y el Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA) y permite saldar esas deudas bajo condiciones especiales que serán reglamentadas por el Gobierno nacional.

Entre los beneficios contemplados se encuentra la suspensión de cobros judiciales por un periodo de hasta 18 meses, así como la posibilidad de condonación de intereses corrientes, moratorios y parte del capital. Los programas asumirán los costos judiciales y de seguros causados durante ese plazo, siempre que los beneficiarios se acojan oportunamente a las condiciones establecidas. (Lea: Esta ley protege al sector cafetero y promueve el consumo interno)

La ley también define quiénes pueden acceder a estos alivios, considerando como beneficiarios a los pequeños y medianos productores según los criterios vigentes del sector agropecuario. Además, se excluye expresamente a quienes ya han sido favorecidos anteriormente con programas similares y mantengan obligaciones activas. Se ordena que la información sobre las condiciones del beneficio sea clara, accesible y comprensible.

Asimismo, se crea un nuevo programa para aliviar tanto deudas financieras como no financieras adquiridas con cooperativas, asociaciones o proveedores de insumos, siempre que estas entidades estén legalmente reconocidas. El Ministerio de Agricultura deberá presentar informes trimestrales al Congreso y publicar los datos básicos de los productores beneficiados. La norma ya está en vigor y deroga disposiciones que le sean contrarias.

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