El Ministerio de Hacienda expidió un decreto con el objetivo de robustecer el marco normativo de los negocios fiduciarios en Colombia. Esta disposición adiciona el Decreto 2555/10, estableciendo directrices claras sobre la fiducia mercantil y el encargo fiduciario, orientadas a salvaguardar los intereses de los consumidores financieros.

La norma introduce principios fundamentales como la segregación patrimonial, la profesionalidad en la gestión y la transparencia, asegurando que los activos administrados constituyan patrimonios autónomos e independientes del capital propio de las sociedades fiduciarias. (Lea: El verdadero rol de una fiduciaria)

Gestión de riesgos y deberes profesionales

En cuanto a las responsabilidades de las entidades vigiladas, el reglamento impone el deber de actuar con la diligencia de un experto profesional mediante un análisis documentado de los riesgos. En este sentido, las fiduciarias deben elaborar y mantener actualizada una matriz de riesgos fiduciarios que identifique posibles afectaciones según el tipo de bien y la naturaleza de la gestión encomendada. Adicionalmente, las instituciones tienen la obligación de suministrar información clara y comprensible a los beneficiarios desde la etapa precontractual, facilitando un mecanismo de información conjunto que garantice la trazabilidad de las operaciones y los resultados financieros de los activos.

Respecto a la estructuración de los contratos, el decreto define contenidos mínimos obligatorios que incluyen procedimientos de liquidación, criterios de valoración de bienes y políticas para la administración de conflictos de interés. Particularmente, en los proyectos de fiducia inmobiliaria de vivienda se establece la obligatoriedad de verificar la existencia de un contrato de interventoría técnica que supervise la ejecución de la obra. De esta manera, se busca que la fiduciaria actúe como un agente dinamizador del desarrollo económico, pero limitando su responsabilidad a la prestación del servicio fiduciario pactado, sin asumir riesgos propios del constructor o terceros vinculados.

La normativa determina que los modelos de contratos de adhesión o de prestación masiva deberán contar con la evaluación previa de la Superintendencia Financiera. No obstante, el decreto contempla un régimen de transición en el cual los negocios celebrados antes de su vigencia continuarán rigiéndose por las reglas anteriores, mientras que la autoridad de supervisión dispondrá de 12 meses para emitir las instrucciones técnicas complementarias. En conclusión, el nuevo articulado clasifica los negocios en cinco categorías específicas: garantía, administración, inversión, inmobiliaria y recursos de seguridad social, permitiendo una supervisión más especializada y eficiente del sector.

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