El Gobierno no tiene legitimidad para proponer una reforma laboral

Luis Felipe Gómez Ávila
Director Gómez-Asociados
Magíster en Derecho Empresarial Universidad Autónoma de Barcelona

El pasado 13 de diciembre, nuevamente se dio inicio en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes al debate sobre la reforma laboral, suscitando una serie de discursos por parte del Gobierno Nacional en contra de los empresarios, por ejemplo, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, le expresó a Fenalco: “entiendo que no tienen interés en que se apruebe la reforma laboral, porque están muy cómodos con la precarización en su sector, pero el futuro no puede ser ese”.

Lo anterior resulta ofensivo contra el sector productivo del país y hasta un poco cínico, pues el Pacto Histórico no es precisamente un buen empleador, es decir, ¿con qué cara afirman ser los protectores de los trabajadores, cuando en su Gobierno no cesan las denuncias laborales? Veamos:

(i) Laura Sarabia, la mano derecha del presidente Petro, y quien actualmente está investigada por, al parecer, andar con importantes sumas de dinero en maletas, no le pagaba la seguridad social a su niñera y la sometía, usando el poder del Estado, al polígrafo.

(ii) La representante Susana Boreal está actualmente denunciada por acaso laboral, ya que sus subalternos expresaron ser maltratados.

(iii) El canciller Álvaro Leyva gritó de manera totalmente denigrante a la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y el presidente Petro salió a defender al victimario, además de pedirle la renuncia a la víctima.

(iv) El embajador de Colombia en México, quien además el pasado 24 de noviembre fue destituido por el Tribunal Superior de Cundinamarca, tiene actualmente abierta una investigación disciplinaria en la Procuraduría por un aparente maltrato laboral hacia los funcionarios de esa sede diplomática.

(v) Funcionarios del Ministerio de Salud denunciaron, en el periódico El Colombiano, “sobrecarga de trabajo que los obliga a cumplir jornadas hasta las 9:00 de la noche, atender llamadas de sus jefes a las 10:00 de la noche los fines de semana e incluso soportar hostigamientos hacia quienes son catalogados como ‘enemigos’ de la reforma a la salud”. Esto por parte del equipo de la exministra Corcho y del actual ministro, Guillermo Jaramillo, además de que, sin soporte alguno, se cambiaron perfiles de cargos para vincular personas que no tienen conocimientos en los temas de esta cartera.

(vi) En medios se denunció a la gerente de Artesanías de Colombia, Adriana Mejía, amiga personal de la primera dama, y quien, al parecer, grita e insulta a los funcionarios bajo su cargo.

(vii) En la propia casa de Nariño, residencia oficial y principal sede de trabajo del presidente de la República, se despidieron 17 personas, a finales del 2023, unas de ellas incluso ad portas de pensionarse, sin importar sus largos años de servicio público y entrega al país.

(viii) Según se informó en medios, contra la propia ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, recaen dos quejas. Una de ellas por parte de Pablo Edgar Pinto, director territorial del Ministerio de Trabajo en Bogotá. Además de las quejas contra la ministra, también existe una queja contra Fabio Andrés González, director territorial en Antioquia, todas por presunto maltrato laboral y persecución, ya que, según se informó, no toleran que los funcionarios no compartan las ideologías del Gobierno. Poco democrático ¿o no?

Los anteriores son algunos de los ejemplos más representativos de cómo opera el partido de Gobierno cuando funge como empleador, ¿serán acaso los idóneos para proponer una reforma que supuestamente mejora la calidad de vida de los trabajadores? Pareciera que no.

Como si lo anterior no fuera suficiente, los ponentes de esta reforma son los representantes María Fernanda Carrascal y Alfredo Mondragón, ninguno con experiencia en temas de derecho laboral, económico y/o empresarial. Personas que han demostrado poco dominio de esta materia, cuyo discurso es totalmente populista y quienes, sin fundamento alguno, expresan que esta reforma creará productividad y será mejor para los colombianos. ¿De qué colombianos hablarán?, ¿será, por ejemplo, de los más de tres millones y medio de desempleados, o de los más de 12,9 millones de informales del país?, ¿a qué colombianos quieren ayudar, si la propia ministra dijo que esta reforma no crea empleo?, ¿acaso el Gobierno no debe ayudar a las mayorías?

En este orden de ideas, la reforma no ayuda a los colombianos, no contribuye al crecimiento económico del país, no genera empleo, no ha sido concertada con las partes involucradas y el Gobierno carece de legitimidad y argumentos para liderarla. Ojalá el Congreso recapacite, saque la altura que esperamos y la hunda.