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Sobre el debate a los mecanismos de justicia transicional

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John Zuluaga

LL. M y Doctor de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania)

Profesor asociado de la Universidad Sergio Arboleda

www.john-zuluaga.de 

 

Las formas en que vienen teniendo lugar los debates públicos sobre los mecanismos de justicia transicional en Colombia, especialmente el atinente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha impedido consolidar una narrativa pública que vaya más allá de los gritos de batalla de los interlocutores. Es por ello por lo que resulta urgente insistir en el diálogo público sobre estos mecanismos. Una amplia intervención ciudadana, en la que se cristalice una participación responsable y respetuosa de los involucrados, es una condición ineludible para la legitimación democrática de la justicia transicional.

 

La participación pública en la configuración y puesta en marcha de los mecanismos de justicia transicional tiende un puente ampliamente relevante para la apropiación por parte de la sociedad de los programas que se vinculan al modelo de justicia transicional. En ello se podría encontrar uno de los presupuestos más significativos para la sostenibilidad de la transición política en Colombia: la permanente y pública valoración de estos mecanismos. El debate público e, incluso, la posibilidad de expresarse críticamente frente a la justicia transicional puede propiciar un cierto anclaje democrático con el que se concretarían condiciones de reforzamiento a la legitimidad democrática de esta justicia. Con esto se delimitaría no solo un más holgado discernimiento sobre las tragedias atadas al conflicto armado, sino, también, acerca de las ventanas de oportunidad ligadas a su superación.

 

Sin embargo, la aspiración por un debate abierto y democrático debería estar antecedida por una apuesta ciudadana específica: el respeto a la diferencia de opinión. Así dichas las cosas, esto parecería una trivialidad. A pesar de ello, se alude a un componente de diálogo público notoriamente ausente en Colombia. No se trata de una renuncia a la propia verdad sobre el conflicto armado y sus posibilidades de superación, sino, en un mejor sentido, de una decidida y consciente aspiración a una forma de convivencia pacífica en el marco de la puesta en marcha de la justicia transicional. En esto se vuelve a expresar la relevancia de la racionalidad pública en torno a superación del conflicto armado y la relación esencial que debe consolidarse entre tolerancia y legitimidad democrática de la justicia transicional. Dicho de otra manera, para consolidar la justicia transicional resulta indispensable rescatar la participación ciudadana y el debate respetuoso y democrático sobre esta.

 

El debate público y abierto sobre el modelo de justicia transicional en Colombia cobra mucho más sentido en la actual coyuntura. El problema por discutir no sería tanto la ausencia del piso estatutario-constitucional de la JEP, sino, más bien, la confesión de fe por el Derecho Penal y la arraigada creencia de que la transición política se podría asegurar por medio de la expedición de leyes. Este imaginario legalista que se trasladó a la justicia transicional ha determinado que la construcción de paz se centre en la producción legislativa y el alcance de la discusión pública vaya hasta donde las necesidades de aprobación o negación legislativa lo estimen útil. Sin duda, un escenario que deja constancia de una alta desconfianza en la capacidad ciudadana de juicio político y, en todo caso, un camino equivocado para lo que se seguiría de la justicia transicional en la superación de la violencia.

 

Las deficientes condiciones de diálogo público en torno a la JEP resultan aún más lastimadas cuando el cruce de opiniones o propuestas se concibe como un intercambio de ataques. Esta retórica belicista presta un servicio de gran consideración frente a los problemas que se intentan superar con la misma justicia transicional. De esta manera, se produce una suerte de criminalización a la diferencia de opinión y se estimula un aplazamiento de la participación ciudadana en la apropiación de los mecanismos de justicia transicional. Con ello se deja constancia de incompetencias democráticas que contribuyen al desmonte de la tolerancia y distorsionan el sentido de la racionalidad pública sobre la transición política. Así es que termina labrándose el camino de la frustración para la superación de la violencia y la restauración de una situación pacífica en Colombia.

 

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