Desigualdad digital y judicial

Carolina Villadiego Burbano

Asesora Legal para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas

Durante la emergencia sanitaria, los servicios de justicia han sido garantizados principalmente a través de internet. Debido a la brecha digital que existía en Colombia antes de la pandemia, se ha visto afectado el acceso a la justicia de quienes no tenían acceso a internet, a computadores o teléfonos inteligentes, o de quienes, aun teniéndolos, no poseían el conocimiento o las habilidades suficientes para manejarlos.

Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), en el 2018, la penetración promedio de internet fijo en hogares era del 40,5 % y había una desigualdad importante entre estratos socioeconómicos, pues dicha penetración en el estrato seis era del 99,8 %, mientras que en el estrato uno era del 20,5 %. Además, había mayor acceso a internet en zonas urbanas que en zonas rurales y diferencias entre departamentos. En el boletín del primer trimestre del 2020, el Mintic mencionó las asimetrías en la velocidad de descarga de internet fijo, ya que en el estrato seis era de 54 Mbps en promedio, mientras que en el estrato uno era de 11 Mbps.

Dado que durante la pandemia los servicios judiciales se han brindado de manera preferente a través de internet, el sistema judicial debe ser consciente de la brecha digital. Garantizar el acceso a la justicia, en especial de aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, debe ser una prioridad y un eje central de las políticas estatales encaminadas a superar la pandemia y los efectos derivados de ella. Y esto no solo es porque la justicia sea en sí misma un servicio esencial, sino porque es necesario contar con un sistema judicial robusto para proteger los derechos fundamentales afectados por la pandemia.

Por esto, se debe avanzar en dos tipos de acciones. Por un lado, el Gobierno y el Congreso deben cerrar la brecha digital, para lo cual es importante reconocer la esencialidad del servicio de internet, enfrentar su alto costo y resolver las debilidades en la cobertura de la red. No es un hecho menor que, en ocasiones, el costo mensual del servicio de internet fijo sea mayor que el valor total de los servicios de agua, luz y gas, y que los hogares de estratos socioeconómicos bajos sean aquellos que tienen menos acceso a internet y menor velocidad de descarga. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado debe acelerar el acceso universal a internet.

Por otro lado, la Rama Judicial debe implementar políticas específicas para garantizar el acceso a la justicia de quienes no tienen internet. Así, por ejemplo, la Rama puede facilitar salas de atención a usuarios en las sedes judiciales que incluyan el uso de computadores e internet con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, verificar que las herramientas tecnológicas desarrolladas sean de fácil acceso y utilización cuando las velocidades de descarga no son altas o se utilizan datos móviles y brindar atención presencial preferencial a las personas que no tienen internet. Además, el Gobierno Nacional y los gobiernos locales deben fortalecer el acceso a la información judicial en las bibliotecas públicas y en los kioscos digitales. 

Durante la pandemia, el sistema judicial ha emprendido un esfuerzo importante de modernización que debe mantenerse y profundizarse, y que también ha implicado la creación de ciertas plataformas para promover el acceso a la justicia, como aquella establecida para radicar acciones de tutela y habeas corpus. Pero la creación de estas herramientas virtuales debe venir acompañada de estrategias de inclusión digital que permitan disminuir la brecha digital y la desigualdad.