Las personas extranjeras que se encuentren en Colombia, sin importar su estatus migratorio, deben acatar la Constitución, las leyes y las decisiones de las autoridades del país. Esto se fundamenta en el principio de territorialidad, según el cual los Estados ejercen soberanía plena dentro de su territorio, y en la obligatoriedad de la ley, que según el artículo 18 del Código Civil aplica tanto a nacionales como a extranjeros residentes.

El ordenamiento jurídico colombiano prohíbe que los migrantes realicen actos que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud o la tranquilidad social. En caso de infringir la normativa podrán ser objeto de sanciones económicas, deportación o expulsión, además de enfrentar eventuales consecuencias penales, conforme a lo establecido por las autoridades competentes. (Lea: Extranjeros pueden afiliarse al sistema de salud si cumplen estos requisitos)

Aunque se encuentren en situación migratoria irregular, los migrantes conservan sus derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso en actuaciones administrativas sancionatorias. Esto implica la garantía de defensa, derecho a ser escuchados en un tiempo razonable, acceso a un abogado y, si es necesario, a un intérprete, para participar activamente en su proceso.

Las entidades encargadas de garantizar estos derechos son el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General, la Policía Nacional y los jueces de la República. En caso de detención, las personas extranjeras deben ser tratadas con dignidad y tener acceso a condiciones básicas, como alimentación e higiene, y a defensa jurídica, incluso si no cuentan con recursos económicos.

Siga nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Gracias por leernos. Recuerde que si es suscriptor puede descargar el archivo soporte de esta noticia haciendo clic en el botón azul. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, los datos identificadores y los documentos sin límites.