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Gobierno radicó cuatro proyectos para reforzar la defensa y dignificar a miembros de la fuerza pública

Soldados profesionales y marinos tendrían incentivos, ascensos y beneficios para su retiro tras años de servicio.

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Gobierno radicó cuatro proyectos para reforzar la defensa y dignificar a miembros de la fuerza pública (Presidencia)

Foto: Presidencia de la República

31 de Julio de 2025

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El Gobierno nacional presentó ante el Congreso un paquete de cuatro proyectos de ley con el objetivo de reforzar la seguridad del país, actualizar la normativa en defensa y brindar nuevos beneficios a los miembros de la fuerza pública. Las iniciativas buscan atender desafíos tecnológicos emergentes, como el uso ilícito de drones, así como mejorar las condiciones laborales y sociales de soldados profesionales, infantes de marina y sus familias.

Una de las propuestas plantea un marco regulatorio para drones y sistemas antidrones, ante el incremento de su uso por parte de actores armados ilegales, responsables de más de 160 ataques este año. El proyecto definiría funciones entre autoridades civiles y militares, crearía registros nacionales y modificaría el Código Penal para endurecer las sanciones por el uso de estas tecnologías en acciones terroristas. (Lea: Solo por estas razones se puede negar o postergar el retiro voluntario de la fuerza pública)

El segundo articulado plantea la expedición de una ley de defensa nacional que permitiría coordinar esfuerzos entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía para proteger la soberanía, los derechos humanos y la gobernanza. Dentro de esta propuesta se contempla la creación del Sistema de Defensa Nacional y del Consejo de Defensa Nacional, ambos con funciones de asesoría y planificación estratégica.

Los otros dos proyectos están orientados a mejorar el bienestar de los uniformados. El primero propone un nuevo estatuto para soldados profesionales e infantes de marina, con incentivos en formación, ascensos y beneficios al retiro. El segundo buscaría fortalecer a Caja Honor, aumentando los aportes estatales y su capacidad para ofrecer productos financieros que faciliten el acceso a vivienda digna para los integrantes de la fuerza pública.

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