El decreto oficioso de pruebas no es facultad potestativa del juez, sino un verdadero deber legal, que debe ejercerse cuando exista la necesidad de esclarecer la controversia o cuando haya razones fundadas para considerar que su inactividad puede apartar su decisión de la justicia material. Así lo reiteró la Corte Constitucional, en sentencia publicada recientemente, al indicar que la eficacia de los procedimientos no se puede hacer posible a cualquier costo, pues el juez debe ejercer las facultades oficiosas para dar prevalencia al derecho sustancial. Al respecto, el alto tribunal señaló que el exceso de ritual manifiesto del fallador puede violar los derechos fundamentales (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza).